Con la llegada del verano, el sector retoma una petición histórica que viene realizando desde 2008, respaldando a las más de 45.000 familias españolas que tienen en el autocaravanismo un estilo de vida, al preferir la libertad de movimiento y el contacto directo con la naturaleza que presta esta “casa sobre ruedas”, a las limitaciones de un viaje convencional. Por esta razón, la patronal de vendedores considera injusto que el nuevo borrador del Reglamento pase por alto su condición de vehículo y le otorgue un trato discriminatorio, dando por hecho que quienes estacionen su autocaravana van a acampar directamente a sus anchas en la plaza de aparcamiento, desplegando en la vía pública toldos, sillas o mesas que desborden su perímetro.
Ganvam considera que, mientras no se ocupe más espacio que el de la autocaravana cerrada ni se lleven a cabo conductas incívicas como el vertido de aguas o ruidos molestos, no se puede privar a estos vehículos de aparcar en la calle, máxime si se ejecuta en lugares autorizados, en los modos indicados y no constituye un peligro para la circulación.
Con este agravio comparativo, la Administración “tira piedras contra su propio tejado” al disuadir una actividad turística alternativa muy arraigada en el viejo continente, que atrae a nuestro país a más de 230.000 europeos al año y que generan a la economía española unos ingresos cercanos a los 200 millones de euros.
Y es que, en contra de la falsa creencia popular, este tipo de turismo itinerante, muy arraigado en países como Reino Unido, Alemania, Francia u Holanda, pero relativamente reciente en España está ligado a familias de poder adquisitivo medio-alto que pueden permitirse gastar entre 40.000 y 200.000 euros en la compra de su “casa de verano”.
En opinión del presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “al ser una actividad que antes no existía, el autocaravanismo se topa en España con un vacío legal, que viene de la ambigüedad de las leyes españolas para diferenciar entre acampada y estacionamiento, demostrando que la realidad va mucho más rápido que la legislación, una descoordinación que hay que solucionar.”
